Por Pedro Ángel Martínez
La Sociedad Dominicana de Emergenciología (Sodoem) expresó su preocupación por el uso frecuente de las salas de emergencia de hospitales públicos para evaluar a personas arrestadas durante operativos policiales con el único propósito de emitir certificaciones médicas de «no lesiones» o de que «no presentan ninguna enfermedad».
La entidad advirtió que esta práctica contribuye al congestionamiento de los servicios de emergencia, retrasa la atención de pacientes con condiciones críticas y expone a los médicos a riesgos legales y éticos al emitir diagnósticos sin una evaluación clínica completa.
En un comunicado, explicó que diariamente llegan a los hospitales grupos de entre cinco y quince personas detenidas para ser examinadas antes de ser trasladadas a destacamentos policiales, ocupando espacios, recursos y tiempo médico en servicios que ya operan con altos niveles de demanda.
«Las salas de emergencias fueron creadas para atender pacientes con enfermedades o lesiones agudas, clasificadas mediante sistemas internacionales de triaje según la gravedad de su condición. Una persona aparentemente sana, llevada únicamente para certificar su estado físico, no constituye una emergencia médica», señaló la sociedad médica.
Sodoem recordó que un diagnóstico médico no puede limitarse a una observación rápida, sino que requiere una historia clínica completa, un examen físico detallado y, cuando sea necesario, estudios complementarios.
Asimismo, manifestó su preocupación por las presiones que, según indicó, reciben con frecuencia los médicos de emergencias por parte del personal encargado de la custodia de los detenidos para emitir las certificaciones con rapidez, incluso interrumpiendo la atención de pacientes con verdaderas urgencias.
«El médico de emergencias no puede ser colocado en la disyuntiva de abandonar un infarto, un accidente cerebrovascular, un politraumatizado o un niño críticamente enfermo para emitir una certificación de una persona que no presenta una condición urgente. Esa situación es incompatible con una atención segura y de calidad», sostuvo.
La sociedad especializada aclaró que toda persona arrestada tiene derecho a una evaluación médica antes de ingresar a un centro de detención, pero consideró que esa valoración debe realizarse en unidades creadas específicamente para ese fin y no en las salas de emergencia hospitalarias.
Como alternativa, propuso la creación de Consultorios de Evaluación Médica para Personas Bajo Custodia, ubicados en destacamentos policiales o centros de retención, donde se pueda realizar la historia clínica, el examen físico con privacidad, documentar lesiones preexistentes e identificar enfermedades que requieran tratamiento o referencia a un hospital cuando exista una verdadera urgencia médica.
Sodoem exhortó al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a las demás instituciones competentes a establecer un protocolo nacional para la evaluación médica de personas privadas de libertad, con el objetivo de evitar el uso inadecuado de las salas de emergencia.
La entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en la elaboración de una solución técnica que garantice la protección de los derechos de las personas detenidas, así como la seguridad de los pacientes y del personal médico.
«Cada minuto que un médico de emergencias dedica a una evaluación administrativa es un minuto que deja de atender a un paciente cuya vida puede depender de una intervención inmediata. Defender las emergencias es defender la vida», concluyó.
