Por Pedro Ángel Martínez

La directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos propuso mantener la seguridad jurídica del acto médico en el nuevo Código Penal y garantizar un equilibrio adecuado entre la protección de los pacientes y el ejercicio responsable de la medicina.

Al depositar en la Cámara de Diputados una propuesta de modificación de los artículos que, a su juicio, lesionan la práctica médica, los directivos electos aclararon que no buscan privilegios para los médicos ni generar espacios de impunidad.

Entre los principales planteamientos sometidos al Congreso Nacional figura la solicitud de una prórroga de seis meses para la entrada en vigor de la ley, prevista para el próximo 3 de agosto, con el propósito de abrir un espacio de discusión técnica que permita perfeccionar aquellos aspectos que impactan el ejercicio de las profesiones de la salud.

Asimismo, proponen incorporar disposiciones que establezcan expresamente que la responsabilidad penal del profesional de la medicina solo proceda cuando exista dolo o negligencia grave debidamente demostrada, reservando para las vías civil, administrativa y ética los casos derivados de errores involuntarios o de riesgos inherentes al acto médico.

Las propuestas entregadas al Congreso Nacional para modificar la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, plantean una normativa que permita distinguir con precisión el ejercicio médico realizado conforme a la lex artis -o estándar de actualización profesional- del dolo, el fraude o la negligencia grave, conductas que sí deben recibir todo el peso de la ley.

El doctor Luis Restituyo, presidente electo y quien encabezó la comisión que entregó las propuestas para modificar los artículos relativos a la práctica médica, observó que varios artículos de la Ley núm. 74-25 pueden generar incertidumbre jurídica.

Esto, agregó, al no diferenciar adecuadamente entre un resultado adverso inherente a la práctica médica, un error médico involuntario y una actuación dolosa o gravemente culposa.

«Esa situación podría incentivar el ejercicio de una medicina defensiva, limitar la innovación científica, aumentar los costos de atención y afectar directamente la calidad del servicio que reciben los pacientes», expuso.

Reiteró el compromiso de la junta directiva electa del Colegio Dominicano de Cirujanos de trabajar de manera conjunta con el Congreso Nacional, el Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas, las autoridades y todos los sectores de la sociedad para construir un marco legal moderno que fortalezca la confianza entre médicos y pacientes y contribuya a un sistema de salud más seguro, humano y eficiente.

«Estoy convencido de que proteger la vida y los derechos de los pacientes también implica brindar seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvar vidas. Ese es el espíritu de esta propuesta y el compromiso que asumimos con la sociedad dominicana», puntualizó.

La iniciativa fue presentada con la firma de los directivos electos, expresidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos y los Maestros de la Cirugía Dominicana.

Además del doctor Restituyo, el documento fue suscrito por la doctora Giomania Rodríguez Moya, secretaria electa del CDC; así como por los expresidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos José R. Domínguez Cabral, Rafael Nazario Lora, Darío A. de los Santos, José R. García Domínguez, Erick Pimentel Schaper, José Ramírez Feliz y Leonardo Brito Sánchez.

Asimismo, fue firmado por los Maestros de la Cirugía Dominicana Heriberto Rodríguez Bonet, Rafael Estévez Reyes, Manuel Escarramán Meunier, Marcos Núñez Cuervo y Nicolás Rizik Cabral.

También suscribieron la iniciativa los doctores Raúl Álvarez Sturla y Eric Olivero Peña. Las sugerencias están sustentadas por los médicos y abogados Luis Faringthon Reyes y Alejandro Santana Caraballo.