Por Pedro Ángel Martínez
El crecimiento del comercio digital y el uso masivo de las redes sociales han favorecido la comercialización de productos para la salud sin autorización sanitaria, una práctica que representa un riesgo para los pacientes y un desafío para las autoridades, advirtieron especialistas durante el webinar «Informar para proteger», organizado por la Federación Centroamericana y del Caribe de la Industria Farmacéutica (Fedefarma).
Los expertos señalaron que las plataformas digitales han facilitado la distribución de medicamentos y otros productos sanitarios sin trazabilidad ni controles adecuados, lo que incrementa el riesgo de que lleguen al consumidor productos falsificados, adulterados o de contrabando.
Virginia González y Manuel Larragoity-Muriente explicaron que la comercialización ilegal de medicamentos responde a múltiples factores, entre ellos aspectos económicos, sociales, institucionales y tecnológicos, además de su vinculación con la evasión fiscal y posibles estructuras del crimen organizado.
Advirtieron que el uso de medicamentos falsificados puede provocar fallas terapéuticas, resistencia a los antimicrobianos, intoxicaciones y otras complicaciones graves, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas u oncológicas.
Los especialistas indicaron que entre los productos más expuestos al contrabando y la falsificación figuran los antibióticos, analgésicos, suplementos nutricionales, vitaminas y medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas.
Asimismo, señalaron que esta práctica ilícita ocasiona pérdidas fiscales que reducen los recursos disponibles para fortalecer los sistemas de salud y constituye una importante fuente de ingresos para organizaciones criminales dedicadas al contrabando y la falsificación de medicamentos.
Durante el encuentro identificaron como principales desafíos los vacíos legales, la limitada coordinación entre las instituciones, la escasa conciencia ciudadana sobre los riesgos de adquirir medicamentos por canales informales y las dificultades para supervisar el comercio digital.
Como parte de las recomendaciones, propusieron fortalecer la regulación sanitaria, implementar sistemas de trazabilidad electrónica, crear unidades especializadas de vigilancia, incorporar herramientas tecnológicas como códigos QR y blockchain, mejorar el monitoreo de las plataformas digitales y desarrollar campañas de educación dirigidas a la población, además de reforzar la cooperación regional para combatir el comercio ilegal de productos sanitarios.
